El 27 de mayo del 2017 sucedieron hechos terribles en El Estor, departamento nororiental de Guatemala, junto al lago de Izabal. En esa ocasión hubo fuertes conflictos entre los pescadores locales, que protestaban en contra de la minera Solway, y policías y militares enviados por el gobierno central. Juan Pablo Carrasco de Groote era el abogado contratado por la minera.

 Hubo al menos un muerto, Carlos Maas, y varios heridos.  Dos periodistas acusados: Jerson Antonio Xitumul y Carlos Choc (por haber difundido fotografías del lago contaminado, y de Carlos Maas yaciendo muerto en la carretera).

Al día siguiente el Ministro de Ambiente de Guatemala, Sydney Samuel, declaró que no había ninguna irregularidad con respecto a la minera, y que la contaminación provenía de algas perjudiciales que crecían irregularmente debido a desechos lanzados al lago en los poblados cercanos. Los pescadores tenían bloqueados los caminos y los camiones cargados de níquel no podían salir o entrar. 

Pero los pescadores no asistieron a la mesa de diálogo, y las negociaciones acabaron. 

Antecedentes

En 2014 se estableció en Guatemala una minera rusa con sede en Suiza, que maneja minas en todo el mundo, y también plantas de fundición. Macedonia, Indonesia, Ucrania, y también en Guatemala. El producto favorito al que se dedican es el metal pesado “Níquel”, conocido también como “El metal del diablo” por su alto nivel de peligrosidad en personas que lo absorben, sea respirando polvillo o bebiendo agua contaminada.

Esa empresa entró en funciones en el país como “ProNiCo” y también como “Compañía Guatemalteca de Níquel” (CGN). Su área de trabajo fue la mina “Fénix” y otras, ubicadas a las orillas del lago de Izabal, colinas ricas en el metal. 

Pero las leyes internacionales mandan que cualquier minera que desee operar en Guatemala, debe de consultar antes a las comunidades nativas, del pueblo Maya en su gran mayoría en el país. Y ni Solway ni ninguna otra consultó a nadie.

Los pobladores comenzaron a sufrir de escasez de pesca, el cardamomo se quemaba misteriosamente, las mujeres y niños se enfermaban, y lo que colmó la situación fue una mancha de agua roja proveniente de la mina. 

Los pescadores, que no habían recibido sobornos como algunos jefes comunales, protestaron. Bloquearon las vias de acceso a la mina.  

Análisis

Solway mandó analizar el agua del lago. 

Los resultados fueron recibidos por Alfonso Alonzo el 15 de mayo, del Ministerio de Ambiente, y el dictamen oficial fue que la contaminación no estaba relacionada con la mina. 

Pero Lucas Barreto, un biólogo que se especializa en aguas contaminadas, tomó muestras independientemente, y los resultados fueron opuestos: el lago estaba altamente contaminado con níquel, y también los niveles de cromo (que se usa para extraer el níquel). 

Luego, una investigación por parte de varios periodistas (OCCRP) logró conseguir correos electrónicos filtrados entre el personal de la planta, y en ellos consta que la minera sabía de los niveles altos, había colaborado con la policía local regalándoles comida, gasolina, repuestos, había entregado dinero a los jefes comunitarios, aplicado herbicidas a los cultivos de quienes no aceptaban los sobornos y otros actos ilegales. 

Juan Pablo Carrasco de Groote era su asesor legal, el experto en leyes internacionales y de minería, y estuvo involucrado en todas estas acciones, incluso en omitir la decisión de la Corte de Constitucionalidad de detener las labores de la mina. Fénix continuó operando, por encima de las leyes de Guatemala. 

Juan Pablo Carrasco de Groote

Pero no sólo eso se le conoce al abogado guatemalteco Juan Pablo Carrasco de Groote. 

Su nombre aparece 26 veces en los “Panama Papers”, junto con todos los demás políticos corruptos que solicitaron establecer compañías fantasma por medio de la empresa Mossack Fonseca, de la que se filtraron los Panama Papers. 

También tiene relación, por medio de su empresa “Central Law”, con Federico Machado, un narcotraficante argentino buscado por Interpol y propietario de la mina ilegal “Minas del Pueblo” que operaba en Guatemala extrayendo oro y plata. 

E, irónicamente, fue re-electo presidente de la Cámara de Comercio Norteamericana en Guatemala; el gobierno de los EEUU ofreció invertir en Guatemala un total de 1 billón de dólares a lo largo de 3 años, pero por medio de AmCham, y el corrupto Juan Pablo Carrasco de Groote los recibirá. 

Una persona involucrada en uno sólo de esos actos de corrupción, con una sola duda sobre su integridad, y no digamos todas las pruebas que existen de sus actos ilegales, no debería representar al gobierno de los EEUU en Guatemala.