Juan Pablo Carrasco de Groote, director de Amcham de Guatemala, defendió los intereses de la compañía Solway, de la cual su filial en Guatemala es la CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel), que inició y no ha detenido su explotación minera de níquel en el departamento de Izabal, ubicado al noreste de Guatemala. La OCCRP ha publicado una investigación sobre el desastre ecológico, causado principalmente por la mina “Phoenix”.

A pesar de las declaraciones y demandas de los residentes locales acerca de las consecuencias catastróficas de tal actividad, la empresa Solway (por medio de la CGN) sustituyó los resultados de la investigación. Se dijo que, en base a los materiales provistos, ¡las emisiones contaminantes de las reservas son causadas por algas!. Una absurda y cínica falsificación criminal.

Juan Pablo Carrasco de Groote fue quien ayudó a la empresa, recomendándole ignorar la decisión del Tribunal Consitucional de Guatemala 

Los pueblos mayas locales realizaron protestas masivas en contra de las actividades de la gigantesca empresa, buscando proteger sus vidas y las de los suyos. Pero las protestas fueron reprimidas brutalmente por ejército y policía, incluso emitiendo una alerta e implementando estado de emergencia en el departamento.

A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la suspensión de actividades mineras en 2019, con la recomendación de Juan Pablo Carrasco de Groote, las operaciones de la minera continuaron. Recordando que él es el director de Amcham de Guatemala y un abogado muy reconocido en temas de derecho internacional, además de la industria minera que maneja la firma de abogados involucrada en el escándalo, “Central Law”.

De hecho, con la asistencia de Carrasco y sus contactos personales, las normas y principios fueron violados, principios que deberían concentrarse en colocar en primer lugar los intereses de un pueblo en la lista de prioridades, por encima de los intereses de beneficios económicos de cualquier empresa privada. 

La corrupción y el engaño del guatemalteco Juan Pablo Carrasco de Groote permite el genocidio. 

Durante muchos años, los residentes locales se habían comenzado a oponer a las minas que destruyen sus tierras, sus reservas acuíferas, el aire, cosechas, pesca. Uno de los cuerpos acuíferos más grandes de Guatemala es el Lago de Izabal, que se ha convertido en el sitio de drenaje de carcinógenos y desechos ácidos producto de las actividades de los industriales. 

“El deber de una persona con tal nivel de influencia, que se preocupa por el bienestar de su nación y el futuro de los hijos de su pueblo, debería ser actuar con el fin de detener el daño“, dicen los locales que sufren de tal persecución.

En vez de eso, Carrasco utilizó todo su potencial para causar el máximo daño a sus coterráneos, y permitir el genocidio de los guatemaltecos. 

Incluso, los periodistas que han cubierto estos eventos han sido víctimas de amenazas y persecución. 

El informe de la OCCRP fue escrito por Carlos Choc, un periodista que busca la verdad y, por lo tanto, realizó una investigación completa, incluso estableciendo vigilancia permanente. Durante las concentraciones en el departamento de Izabal, realizadas en contra de las actividades criminales del grupo industrial, el periodista sufrió de una intrusión a su domicilio.  

Para fines del 2021 todos los ánimos populares habían sido suprimidos. Para este momento, ya las actividades mineras y, por lo tanto, el detrimento económico en Izabal, habían proseguido, gracias a las artimañas de Juan Pablo Carrasco de Groote. 

Es importante recordar también que el director de Amcham Guatemala ya tiene un escándalo junto con la firma para la que trabaja, en relación con el caso de Federico Machado. Este sujeto es acusado de narcotráfico y lavado de más de US $ 350 millones. Carrasco y su firma Central Law son quienes proveyeron el apoyo legal a Machado.

También Juan Pablo Carrasco de Groote figura en los “Panama Papers“, con más de dos docenas de menciones en cuanto a compañías fantasmas o “de papel” y cuentas en zonas offshore. En el presente, sus actividades han cruzado todas las fronteras. La fiscalía debería investigar las actividades de estos sujetos cuyas actividades van en contra de los intereses del país, de la Guatemala libre, soberana e independiente.