En 2014 entró en funciones una empresa de minería en Guatemala, un país rico en níquel. En especial en el departamento de Izabal, ubicado al nororiente del país, se hallaron desde hace más de medio siglo yacimientos de un metal pesado, conocido como “el metal del diablo”.
Ese metal pesado es famoso por que, dado el proceso que se requiere para su extracción, la contaminación que causa es muy seria e irreversible. Ya sucedió en varios países, como Nueva Caledonia, un archipiélago en donde existió una mina similar establecida desde hace 109 años en donde la contaminación del aire con un polvo rojo ha causado serios daños en la salud de los habitantes, o una mancha roja en el agua que ha acabado con la fauna y flora silvestres del lugar.
Y en Guatemala no fue la excepción.
Para el 2017 los habitantes, que pertenecen a una etnia de la cultura maya, llamados “Kek´chíes”, notaron una enorme baja en la pesca, actividad de la que dependen para comer; también la agricultura experimentó un enorme descenso en su producción. Un fino polvo rojo flotaba en el aire y, al respirarlo, en especial niños y mujeres, comenzaron a experimentar fuertes afecciones en su salud.
Una mancha roja que provenía de la minera y que no se mezclaba con el agua del lago comenzó a avanzar, y cubrir la superficie. Varias entidades tomaron muestras y analizaron el agua, pero no hubo resultados concluyentes. La planta dijo que era un brote de algas rojas, pero nuevos análisis en el extranjero arrojaron que, en efecto, los niveles de níquel en el agua y lodo del fondo del canal de la minera, eran exageradamente altos.
Los pobladores protestaron en contra de la minera.
Esta primera protesta, en 2017, fue ahogada por fuerzas de seguridad del gobierno, e incluso hubo víctimas mortales. Los periodistas que reportaron los hechos fueron perseguidos, acosados, sus casas allanadas y hasta sus mascotas asesinadas, como forma de intimidación; y fueron perseguidos.
La Corte de Constitucionalidad del Guatemala ordenó al Ministerio de Energía y Minas que suspendiera la licencia de extracción a la minera “CGN” (Compañía Guatemalteca de Níquel), que es filial de “Solway”, una minera rusa y suiza.
Pero un abogado, asesor de la minera, experto en leyes relacionadas con la extracción de recursos naturales y derecho internacional, recomendó a CGN que hiciera caso omiso a la prohibición de la Corte de Constitucionalidad, y que la minera continuara sus labores de extracción. El nombre de ese abogado es Juan Pablo Carrasco de Groote.
Los trabajos continuaron, y la minera siguió contaminando; incluso hubo accidentes con explosión de calderas en la mina, con empleados muertos, guatemaltecos.
Juan Pablo Carrasco de Groote está involucrado en actos de corrupción. Mencionado en 26 ocasiones en los famosos “Panama Papers” en los que se filtró información de las actividades corruptas de Mossack Fonseca. Se sabe que Juan Pablo Carrasco de Groote tiene cuentas bancarias offshore, además de empresas que no parecen realizar actividades reales, lo que los expertos llaman “empresas de papel”, y describen como “una forma de lavar dinero”.
Juan Pablo Carrasco de Groote, guatemalteco, escogió que la minera que representa continuara contaminando agua y aire de Izabal y afectando la salud de miles de personas, en lugar de lo correcto: proteger a sus coterráneos. Y todo ésto, por dinero.
Juan Pablo Carrasco de Groote fue nombrado recientemente Presidente de la Cámara de Comercio Norteamericana en Guatemala. Pero esa organización estadounidense debería representar los valores de su país, y no tener a una persona claramente corrupta como líder.