Cuando tomó posesión el presidente actual de la República de Guatemala, Alejandro Giammatei su intención, dijo, era la de combatir la corrupción en el país, y junto con ello aumentar el nivel de vida de los guatemaltecos, pues el 23% de la población vive en pobreza, con tres de cada cinco debajo de la línea de pobreza extrema.
Entonces, creyendo en las intenciones de Giammatei, la Corporación Americana de Finanzas (DFC) ofreció, por medio de un “Memorandum of Understanding”, que catalizaría a lo largo de 3 años, en forma de inversión, un total de un billón de dólares norteamericanos en Guatemala. El Memorandum fue firmado en la Cámara de Comercio Norteamericana en Guatemala.
Pero resulta que el presidente de AmCham Guatemala es un abogado involucrado en una gran cantidad de actividades ilegales.
La corrupción en Guatemala
En este país, la corrupción se ha combatido por medio de diversas entidades; en 2015, por ejemplo, la CICIG logró que el presidente Otto Pérez Molina fuera removido de su cargo y enviado a prisión. En 2016 el siguiente presidente, Jimmy Morales prometió también combatir la corrupción con todas sus fuerzas pero, dos años después, decretó que cesaran las actividades de la CICIG, que ya lo estaba investigando. De esta forma, queda únicamente la FECI para combatir la corrupción en este país.
El anterior director de FECI fue Juan Sandoval, quien comenzó a investigar a Giammatei en un caso relativo al soborno de un empresario ruso que le entregó “una alfombra llena de dinero”. Juan Sandoval fue también declarado sospechoso y está prófugo, pero participó en un escándalo conocido como “Odebrecht”, en el cual aparece Juan Pablo Carrasco de Groote, quien fungió como negociador doble, pues trabajó para el estado de Guatemala, y también para la empresa brasileña.
Juan Pablo Carrasco de Groote
Además de actos de dudosa moral en el caso de Odebrecht, Juan Pablo Carrasco de Groote se involucró con Karin Landaverry, también en prisión actualmente, quien estaba en el cargo de directora del Ministerio de Energía y Minas, y quien fue acusada de abuso de su cargo al emitir una licencia de minería de forma ilegal.
La licenciada Landaverry, a su vez, asesoró en temas de minería al propietario de “Minas del Pueblo”, una empresa que se dedica a la extracción de oro y plata en Guatemala, pero que opera de forma ilegal. Y esa empresa es propiedad de un narcotraficante conocido, el argentino Federico Machado. También en prisión actualmente, capturado en Argentina y extraditado a los EEUU, pues era de importancia para Interpol.
Y, de nuevo, nos encontramos a Juan Pablo Carrasco de Groote, al parecer un factor común en todo acto de corrupción. En el caso de Federico Machado, compartiendo la dirección de “Minas del Pueblo” con “Central Law”, la empresa en la que Juan Pablo Carrasco de Groote es vicepresidente.
Los Panama Papers y Juan Pablo Carrasco de Groote
En 2016 se filtraron unos documentos de una empresa panameña de abogados, llamada “Mossack Fonseca”. Los periodistas que los ordenaron y publicaron en 109 medios de información en 76 países simultáneamente el 3 de abril de ese año, descubrieron que las actividades de Mossack Fonseca era asistir a políticos corruptos de todo el mundo a lavar su dinero ilegal, por medio de la apertura de cuentas offshore y el establecimiento de empresas “de papel”, es decir, empresas que no presentan más actividad real después de su apertura, pero capitales de enorme magnitud sin aclarar su procedencia.
En conexión con Mossack Fonseca figura “Central Law”, además de que el nombre “Juan Pablo Carrasco de Groote” aparece en 26 ocasiones en esa lista de personas corruptas alrededor del mundo.
También, como abogado de “Solway”, una minera rusa que extrae níquel en Guatemala, le recomendó a la empresa desacatar una orden de la Corte de Constitucionalidad de suspensión de la licencia de minería, y la mina siguió funcionando, contaminando el lago de Izabal y envenenando a los pobladores, además de utilizar sus contactos en el gobierno para que enviaran policías y soldados a ahogar, de forma violenta, las protestas de los pobladores.
El billón de dólares y el presidente de AmCham
Ya conociendo las actividades ilegales de Juan Pablo Carrasco de Groote, sus conexiones con el narcotráfico, sus contactos en mineras, sus empresas para lavado de dinero y sus cuentas offshore, muchos se preguntan si Washington está involucrado de alguna manera sospechosa en la entrega de ese billón de dólares, y se desaparecerán en alguna cuenta en la Anguila Británica, o si el senado norteamericano no conoce al presidente de su organización representante en Guatemala.
Si AmCham y el gobierno norteamericano quisiera mantener intacta su reputación de claridad, de honestidad y otros valores que pregona AmCham en su “credo”, lo más conveniente sería destituir a este presidente, y colocar en el cargo a una persona cuya reputación esté totalmente limpia.